Más sobre iglesia y política

Roberto Blancarte sigue demostrando su buen criterio en este comentario, publicado en Milenio Diario el 17 de julio, respecto a la embesitida de la iglesia católica. ¡Disftuten!
Martín

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Los ministros de culto y la política
http://www.milenio.com/mexico/milenio/firma.asp?id=529873
Roberto Blancarte
Milenio Diario, 17 de julio de 2007

Entre las demandas que la jerarquía católica y alguna otra dirigencia religiosa tienen, una de las más cuestionables y debatidas es la relativa a la eliminación de las limitaciones a la actuación política del clero. El tema, obviamente, saca chispas, no sólo porque México tiene una experiencia histórica que ha mostrado la necesidad de que los sacerdotes y ministros de culto en general no se involucren en política, mucho menos desde el púlpito o su equivalente, sino porque hay mucha confusión y ambigüedad en este asunto.

Así, desde una perspectiva liberal se podría decir que los ministros de culto mexicanos, como los de otros países, deberían gozar de los mismos derechos que el resto de los ciudadanos y deberían tener no sólo el voto activo sino también el pasivo, es decir, deberían poder ser votados y tener el derecho de participar en partidos políticos y hablar de lo que se les antoje. Sucede en Estados Unidos y en diversos países de América Latina, donde miembros del clero católico, o pastores evangélicos, son candidatos de diversos partidos y llegan a ocupar puestos de representación popular. Las consecuencias de lo anterior no han sido siempre benéficas para la convivencia social. En Brasil, por ejemplo, se han constituido bancadas evangélicas, donde los diputados de esos grupos han tendido a responder a demandas específicas de sus creyentes, olvidándose del interés y del bien común. Se han convertido también en parte de las negociaciones y enredos políticos, con las repercusiones negativas en términos de confusión respecto de su misión y consecuente desprestigio. De esa manera, en lugar de buscar una lógica de igualdad de derechos a través de la eliminación de los privilegios que tenía la Iglesia católica en Brasil, los evangélicos han luchado por obtener los mismos privilegios, distorsionando completamente el ideal de una convivencia social armoniosa, independientemente de las creencias o no creencias de cada quien. Se ha confesionalizado la política, con consecuencias graves para las libertades de muchos que no comparten creencias religiosas o una moral impuesta a través de políticas públicas.

Más allá de esto, la razón principal para imponer limitaciones a los ministros de culto es que existe la convicción de que ellos no deben aprovechar su posición y ascendiente sobre los fieles para influir en su comportamiento político. Se busca así que los ciudadanos tomen lo más libremente posible sus decisiones políticas, particularmente en el momento del voto. Se quiere que haya las menos interferencias posibles de personas con poder para influir en el proceso de toma de decisión del ciudadano, como pueden ser los que comandan fuerzas armadas o los propios políticos en funciones. Así, de la misma manera que ningún oficial del Ejército puede presentarse como candidato a una elección o asumir un cargo de representación, a menos que se haya retirado o esté dado de baja, tampoco un ministro de culto puede asumir un cargo público, a menos que se haya separado material, formal y definitivamente de su ministerio tres años antes y cinco en caso de presentarse a un puesto de elección popular. ¿Que si esto es justo o no? Yo diría que nuestra legislación es el resultado de nuestra experiencia histórica que nos dicta la sabiduría y sensatez de mantenerlo así.

Por otra parte, muchos piensan que las medidas para limitar la participación del clero en política son relativamente nuevas o inventadas por el régimen revolucionario o priista para golpear a la Iglesia. En realidad, dicho asunto trasciende ideologías y regímenes. Tiene que ver más con la necesidad de regular las consecuencias sociales de la acción de las iglesias, que se tradujo en diversas legislaciones y disposiciones desde la época de los muy católicos reyes de España, a través de la institución del patronato.

Paradójicamente, los sacerdotes que habían iniciado el movimiento de independencia fueron debidamente excomulgados por la propia Iglesia, antes de ser fusilados. Ya en el México Independiente, en 1833, una circular del gobierno de Valentín Gómez Farías recordaba a las autoridades eclesiásticas la observancia de las disposiciones que prohibían al clero secular y regular tratar o predicar sobre asuntos políticos. Como señalaba Jesús Reyes Heroles en su libro El liberalismo mexicano: “La circular se apoyaba en la legislación de Indias [de la época colonial] y en la disposición de 5 de mayo de 1823.” En otras palabras, por razones diversas, tanto monarquistas como republicanos, conservadores como liberales, han coincidido en la necesidad de que el clero se mantenga fuera de la política. Ellos pueden participar activamente en política como ciudadanos, pero no como sacerdotes. Las legislaciones se han endurecido o se han relajado a lo largo del tiempo, según las circunstancias. Pero nunca, desde hace por lo menos 250 años, a alguien sensato se le ha ocurrido que es bueno que los ministros de culto participen, en cuanto tales, en política. Sin embargo, ahora que la jerarquía tira la piedra y esconde la mano, seguramente veremos a algún iluminado panista, de la “sociedad civil”, presentar esta iniciativa.